La información que se recoge en esta base proviene de la operación estadística que anualmente realiza el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco "Gasto Público en Servicios Sociales", y ofrece los resultados correspondientes al último ejercicio económico cerrado.
Para la determinación de los gastos a considerar, y para su posterior ordenación, los criterios contables establecidos son los siguientes:
a) El sistema de protección que se investiga se define como el conjunto de programas, servicios y prestaciones considerados como servicios sociales por nuestras disposiciones legales, a los que únicamente se añaden, por su particular interés y proximidad, los centros especiales de empleo, de carácter sociolaboral.
b) En una primera aproximación, la atención de esa operación estadística se centra, exclusivamente, en los gastos corrientes de las administraciones públicas destinados al mantenimiento de ese sistema de protección, en la suma de los capítulos contables uno a cuatro.
c) El gasto público corriente que se considera finalmente es el neto, no el total, con el fin de permitir la realización de comparaciones homogéneas; los ingresos corrientes derivados de la actividad -las cuotas que pagan los usuarios de un centro público, por ejemplo- se detraen de los gastos corrientes totales. Se está hablando, por tanto, en términos de saldos, de aportaciones dinerarias netas.
d) En un sistema en el que las transferencias económicas entre administraciones son muy importantes, las partidas se presentan consolidadas, imputándose el gasto al organismo público que realiza la primera transferencia, siempre que ésta tenga carácter finalista; la renta básica, las ayudas de emergencia social o las ayudas que el Gobierno concede para el reforzamiento de los servicios sociales de base, se imputan, por seguir con los ejemplos, a ese organismo.
e) Todo el gasto realizado por las administraciones públicas supramunicipales se distribuye entre los municipios guipuzcoanos atendiendo, básicamente, al lugar de residencia de la persona que se beneficia de la prestación. A esta norma general sólo escapan dos excepciones: los gastos destinados a financiar estancias residenciales, que se distribuyen atendiendo al municipio de empadronamiento anterior al ingreso en la institución, y los gastos generales de funcionamiento, que se prorratean entre los ayuntamientos en relación directa al volumen de su población. En resumen, la suma del gasto público en servicios sociales de todos los municipios guipuzcoanos, es igual al gasto público total del Territorio.
El gasto neto corriente de las administraciones públicas destinado al mantenimiento de los servicios sociales aparece ordenado desde tres perspectivas diferentes: la de la entidad pública protagonista del gasto, la del sector de población al que se atiende con ese dinero, y la del tipo de programa o servicio en que se gasta.
Las entidades públicas financiadoras que aparecen en este trabajo quedan definidas de la siguiente forma:
- Todos y cada uno de los ayuntamientos guipuzcoanos, cuyas aportaciones se imputan siempre a sus respectivos municipios.
- La Diputación Foral de Gipuzkoa considerada como una única entidad en la que se incluyen todas las partidas de gasto corriente del Departamento para la Política Social , y aquellas del Departamento para los Derechos Humanos, el Empleo y la Inserción Social propios del ámbito de los servicios sociales.
- El Gobierno Vasco, también en términos globales, con un gasto que se canaliza fundamentalmente a través de dos Viceconsejerías, la de Inserción Social y la Viceconsejería de Asuntos Sociales.
- Otros organismos públicos, en donde se recogen, también de forma unitaria, algunos programas financiados con fondos europeos, de escasa entidad económica, y, fundamentalmente, las aportaciones del INEM al mantenimiento de los centros especiales de empleo.
Los sectores de población tenidos en cuenta en este trabajo son los tradicionales, quedando divididos los beneficiarios de las prestaciones en cinco categorías excluyentes:
- Personas mayores, colectivo definido por la edad, por el hecho de haber cumplido los sesenta y cinco años.
- Personas con discapacidad, grupo delimitado por el doble criterio de estar afectado por esa contingencia y no haber cumplido los sesenta y cinco años.
- Menores, familia y género, sector integrado por los menores de edad en situación de riesgo o de desprotección, las mujeres que padecen algún tipo de discriminación en razón de su sexo y las familias que reciben ayudas relacionadas con el número de menores a cargo promovidas por el Gobierno.
- Pobreza y exclusión social, en la que se incluyen el resto de las personas afectadas por problemáticas económicas y/o sociales.
- Conjunto de población, colectivo al que se imputan los gastos de funcionamiento de la red primaria de atención del sistema, o red generalista, y los gastos de programas o actuaciones suprasectoriales de difícil enmarque en alguno/s de ellos. Interesa en particular señalar que los gastos del servicio de atención domiciliaria sí están sectorizados, encontrándose distribuidos entre los tres primeros sectores mencionados.
Por último, los programas, servicios y prestaciones aparecen ordenados en siete categorías que se definen de la siguiente forma:
- Servicios residenciales, que recogen todas las diversas fórmulas que implican este tipo de atención: acogimientos familiares, pisos de acogida, apartamentos tutelados, viviendas protegidas y centros residenciales.
- Prestaciones económicas periódicas: pensiones asistenciales del FBS y de la LISMI , pensiones no contributivas, renta básica y complementos forales.
- Ayudas económicas puntuales: AES y otras.
- Centros de atención social, en la que se encuadran todos aquellos centros, de carácter no residencial, que prestan una atención personalizada y regular a sus usuarios: centros de día, centros ocupacionales y centros especiales de empleo.
- Servicios de atención domiciliaria y telealarma.
- Otros programas de promoción, prevención e incorporación social, a los que se añaden los gastos destinados al mantenimiento de centros de ocio y tiempo libre de determinados colectivos.
- Equipos técnicos de intervención, integrados por los servicios sociales de base y los equipos que atienden directamente problemáticas concretas desde las entidades municipales o supramunicipales.
La base de datos está diseñada para ofrecer información económica sobre la situación de los servicios sociales en cada municipio y exige, por tanto, seleccionar el municipio concreto que se pretende investigar. A partir de esa primera elección, la información a la que se va accediendo aparece sistemáticamente referida a cuatro ámbitos distintos -el municipio investigado, su comarca, el conjunto de municipios de su misma dimensión y el Territorio- permitiendo de este modo la realización de comparaciones relevantes; si lo que se pretende es comparar la situación de un municipio determinado con la de otro concreto, basta solicitar, sucesivamente, información sobre los dos, ya que el sistema está abierto a la consulta de todos los municipios.
La información que se ofrece, ordenada en tablas, está integrada por datos estadísticos e indicadores.
Los datos estadísticos, que aparecen siempre en primer lugar, son las cifras de gasto total correspondientes a cada tabla y, lógicamente, no permiten la comparación del municipio con los otros tres ámbitos de referencia, por tratarse de realidades heterogéneas; su inclusión en las tablas obedece a un doble propósito:
- facilitar el cotejo de las cifras con las originales, con el fin de evitar posibles errores, y,
- permitir, si se considera preciso, el cálculo de las partidas de gasto que integran en cada caso ese gasto total, mediante la realización de unas operaciones lógicas y sencillas.
Los indicadores constituyen el cuerpo central de la información que se presenta, al ser los elementos que permiten la realización de comparaciones relevantes entre el municipio de que se trata y sus tres ámbitos de referencia; los más frecuentemente utilizados son el gasto per cápita, el gasto por persona mayor o por persona con discapacidad registrada, en su caso, el gasto en relación a los ingresos de la entidad, la proporción de gasto financiado por cada entidad...
La forma de acceso a la información está diseñada para facilitar la realización de dos tipos de análisis, uno de carácter más marcadamente financiero, estructurado en torno a las entidades públicas que pagan los servicios, y otro, de carácter más genérico, que brinda la posibilidad de estudiar el grado de desarrollo de los servicios en el municipio, desde la perspectiva del gasto público, con independencia de la fuente de financiación.
Cuando se selecciona la primera de estas dos opciones, la de efectuar un análisis de orientación financiera, se obtienen tablas de información escalonadas en tres niveles interrelacionados:
- En el primero, el de acceso, que consta de una sola tabla por municipio, se presenta el gasto total desglosado por fuentes de financiación: ayuntamientos, Diputación, Gobierno y otros.
- En el segundo los gastos de cada una de estas entidades aparecen distribuidos por sectores de atención, dando lugar a cuatro tablas por cada municipio.
- En el tercero, por último, los gastos de cada entidad en cada sector aparecen distribuidos por programas, servicios y prestaciones, lo que, teniendo en cuenta que no todas las entidades trabajan en todos los sectores, determina la aparición de dieciséis tablas por cada municipio.
Cuando se selecciona la segunda alternativa, la opción de estudiar el grado de desarrollo de los servicios en el municipio, desde una perspectiva económica, pero sin tener en cuenta las fuentes de financiación, las tablas que se obtienen aparecen escalonadas en dos niveles.
- En el primero, que también es el de acceso, figura una tabla por cada municipio, en la que el gasto total se encuentra distribuido por sectores de atención.
- En el segundo, integrado por seis tablas por municipio, una por cada uno de los cinco sectores y otra de totales, los gastos aparecen distribuidos atendiendo al tipo de programa, prestación o servicio.
